- La iniciativa que busca terminar con la doble evaluación docente se encuentra en Comisión de Educación de la Cámara Alta finalizando su discusión en particular.
- Provoste apunta a falencias en materia de financiamiento y a la falta de realidad contextual de la propuesta.
La comisión de Educación de la Cámara Alta se encuentra debatiendo en particular el proyecto de ley (Boletín 15715-04) que envió el Ejecutivo, el cual busca “consolidar el sistema de reconocimiento y promoción del desarrollo profesional docente como único sistema general de evaluación”, además de “fortalecer los procesos de inducción y acompañamiento”.
Luego de la primera sesión junto al Ejecutivo, la parlamentaria Demócrata Cristiana e integrante de la instancia legislativa, informó a través de sus redes sociales los pormenores del debate, apuntando a la falta de preparación del Gobierno durante la discusión parlamentaria en tiempos que corren en contra de las comunidades educativas.
“Me conecto para contarle un tema que nos parece de mucha relevancia en el sistema educativo, especialmente para los profesores y profesoras, porque es un compromiso que se había firmado el año 2019 después de la larga movilización social de terminar con la doble evaluación docente, y que aún no se ha materializado”, comenzó explicando Provoste a través de una transmisión en vivo desde su cuenta oficial de Facebook, agregando que “comenzamos la votación y de verdad teníamos la esperanza de que el Gobierno llegará bien preparado a esta discusión, pero se enredaron hasta en sus propias indicaciones. A nosotros nos interesa ser muy claros en terminar con el agobio laboral que significa esta doble carga de tener esta doble evaluación”.
En esta línea, la legisladora por Atacama continuó informando que desde el Ministerio de Educación anunciaron que declararán inadmisible la indicación que presentó para mejorar el proyecto en materia de transparencia durante el proceso de evaluación, a favor de las y los docentes.
“Un de nuestras indicaciones, la número 23 que no se alcanzó a debatir, busca incluir transparencia en el proceso de evaluación docente, porque hoy día los profesores y profesoras que la rinden ni siquiera conocen después en que se equivocaron, entonces, difícilmente se puede apoyar la reflexión pedagógica; difícilmente se puede hacer una retroalimentación correcta. Nosotros hemos presentado esta indicación, el gobierno dijo que la iba declarar inadmisible, lo cual me parece bien increible. Yo la defendí y la voy a defender cuando se vuelva a discutir, porque las normas de transparencia son normas que están aprobadas en nuestro orden jurídico, al cual tiene que ceñirse toda la administración pública, por lo tanto, no pueden estar ajeno los procesos de evaluación docente”.
La transparencia -profundizó la senadora Yasna Provoste-, “nunca puede ser puesta en duda respecto de una situación de gastos, menos cuando esto significa en que los profesores y profesoras puedan acceder también a mejoras económicas”.
Falta de instrumentos de evaluación pertinentes
Otro de los temas que planteó la parlamentaria al Ejecutivo es que los instrumentos de evaluación al que tienen que someterse las profesoras y profesores no siempre responden a las funciones propias del docente.
Frente a lo anterior, explicó Provoste, “el Gobierno reconoció que no estaba bien resuelto. Nos ha pasado con educadoras diferenciales que no están en aulas, pasa también a los educadores tradicionales que pueden estar en la carrera profesional docente, les pasa a los profesores de la educación técnica profesional; y hoy día, si ellos no avanzan en la carrera docente se les decreta la muerte profesional, porque son desvinculados del sistema”.
“Nosotros decimos: mire no puede tomarse una decisión de esta envergadura si es que el Ejecutivo no garantiza que podamos tener instrumentos que sean pertinentes para los profesores y profesoras. Accedieron a eso, pero como no lo tenían en las indicaciones, tienen que volver a presentarla”, señaló la congresista.
Finalmente, la senadora Provoste puntualizó que “lo que nosotros esperamos es que el Ejecutivo apure el tranco, que presente estas nuevas indicaciones que ha comprometido con celeridad, porque además los plazos de la evaluación están encima, los plazos corren en contra de los profesores y profesoras y de eso depende -en buena parte-, también sus remuneraciones.