Por: Mario Andres Aguirre V | Licenciado en Comunicación Audiovisual, Comunicador Social
En el entramado del sistema educativo chileno, existen figuras fundamentales cuya labor ha sido históricamente invisibilizada: los Asistentes de la Educación. Estos trabajadores y trabajadoras cumplen funciones esenciales para el funcionamiento cotidiano de las comunidades escolares. Desde auxiliares de servicio y administrativos hasta técnicos en apoyo pedagógico, su quehacer sostiene en muchos casos la operatividad básica de las escuelas, especialmente en contextos rurales o de alta vulnerabilidad.
Pese a su importancia, el reconocimiento de sus derechos ha sido progresivo y, muchas veces, insuficiente. Entre las demandas más persistentes se encuentra la Asignación de Zona, un beneficio económico dirigido a compensar las condiciones extremas en que muchos de ellos desempeñan sus funciones, particularmente en zonas australes, aisladas o con climas adversos. Aunque su implementación está reconocida en la Ley N° 21.109 desde 2018, han pasado más de siete años sin que se concrete.
Este docureportaje aborda en profundidad el origen de esta demanda, los obstáculos institucionales, las distintas posturas gremiales, los compromisos presupuestarios, y las proyecciones hacia el segundo semestre de 2025, considerando también la influencia política del calendario electoral en el cumplimiento de esta deuda histórica.
Origen de la demanda: Ley N°21.109 y su contexto (2018)
La Ley N° 21.109, promulgada el 2 de octubre de 2018, establece el Estatuto de los Asistentes de la Educación Pública y representa un hito en la formalización de sus funciones y derechos laborales. Esta ley, impulsada en el marco de la instalación de los Servicios Locales de Educación Pública (SLEP), buscaba equiparar condiciones contractuales, salariales y de reconocimiento entre los distintos actores del sistema educativo.
El artículo duodécimo transitorio de esta ley estableció expresamente que el Ministerio de Educación, en coordinación con el Ministerio de Hacienda, debía realizar un estudio para analizar la pertinencia y viabilidad de implementar una Asignación de Zona para los asistentes traspasados a los SLEP. Este estudio debía contemplar criterios objetivos vinculados a las condiciones geográficas, climáticas y de acceso.
Sin embargo, durante los años siguientes no se registraron avances sustantivos en dicha línea. La falta de ejecución de este mandato legal dejó en evidencia una brecha significativa entre el reconocimiento normativo y la aplicación efectiva de derechos, lo que provocó una creciente frustración gremial.
Movilizaciones gremiales e invisibilización sistemática (2019–2024)
Entre 2019 y 2024, diversas organizaciones de asistentes de la educación, como la CONFEMUCH y agrupaciones regionales, iniciaron un proceso sostenido de presión social y política. Estas acciones incluyeron manifestaciones, paros comunales, oficios dirigidos al Congreso y reuniones técnicas con autoridades ministeriales.
Uno de los puntos más conflictivos fue que mientras otros sectores del Estado, como el personal de salud o carabineros en zonas extremas, recibían bonificaciones por zona geográfica, los Asistentes de la Educación eran excluidos sistemáticamente, pese a cumplir funciones similares en condiciones comparables.
La frustración se profundizó con la falta de inclusión de esta asignación en las sucesivas leyes de presupuestos anuales. La falta de voluntad política explícita llevó a varios sectores gremiales a declarar que existía una discriminación estructural por parte del Estado hacia los trabajadores asistentes.
A partir de 2022, los informes del Senado sobre la implementación del sistema SLEP comenzaron a incluir menciones críticas sobre la omisión del pago de esta asignación, describiéndolo como un tema pendiente de solución urgente.
El punto de inflexión: Estudio del Mineduc (2024)
En octubre de 2024, el Ministerio de Educación presentó un informe técnico titulado “Apuntes sobre los Asistentes de la Educación”, el cual contenía información estadística, socioeconómica y laboral actualizada sobre este grupo de trabajadores. El estudio indicó que más de 195.000 personas ejercen funciones como asistentes de la educación en todo el país, de las cuales un 77,5% corresponde a mujeres.
Uno de los hallazgos más relevantes fue que más de un tercio del personal trabaja en comunas o territorios categorizados como zonas extremas o de difícil acceso, lo cual validaba empíricamente la necesidad de compensación territorial. Además, se constató una alta precariedad en la estabilidad laboral, lo que intensifica las desigualdades.
Este estudio fue considerado un respaldo técnico clave para impulsar la asignación. Las organizaciones gremiales utilizaron el informe como evidencia en las comisiones presupuestarias del Congreso.
Posturas gremiales divergentes: CONFUCEM VS CONFEMUCH
La Confederación Nacional de Funcionarios de la Educación Municipal (CONFUCEM) manifestó una posición crítica respecto de la viabilidad de implementar esta asignación. Según declaraciones recogidas por medios regionales, representantes de CONFUCEM sostuvieron que, en reiteradas reuniones con el gobierno, se les comunicó que los asistentes “no eran una prioridad presupuestaria”. Esta percepción llevó al gremio a expresar que el cumplimiento de la asignación era prácticamente inviable en el corto plazo, a menos que existiera un giro drástico en la voluntad política del Ejecutivo.
En contraste, la CONFEMUCH adoptó una estrategia de movilización activa. Esta confederación convocó paros, manifestaciones y campañas comunicacionales en radios comunitarias y redes sociales. Su postura ha sido clara: la Asignación de Zona es un derecho postergado, y debe aplicarse con retroactividad en el marco del principio de equidad entre funcionarios públicos. La organización ha sostenido que la única forma de concretar este beneficio es mantener la presión organizada sobre los legisladores.
Presupuesto 2025 y compromiso político: lo que debe pasar en octubre
Tras años de espera, la Ley de Presupuestos 2025 incorporó una disposición que podría destrabar la situación. En el protocolo de acuerdo firmado entre el Ministerio de Hacienda y las comisiones parlamentarias, se establece que antes del 30 de septiembre de 2025 el Ministerio de Educación debe ingresar al Congreso un proyecto de ley para crear una Bonificación de Zona específica para asistentes traspasados a SLEP.
Este proyecto debe contener criterios objetivos, montos diferenciados según zona geográfica y establecer una fórmula de financiamiento supervisada por la Dirección de Presupuestos. Asimismo, se solicitó que la Dirección de Educación Pública rinda informes trimestrales sobre el avance de esta medida ante el Congreso.
Este punto representa un giro institucional: por primera vez desde 2018 se establece un cronograma oficial con plazos y exigencias de cumplimiento verificables.
Cronograma proyectado: ¿cuándo se pagaría la Asignación de Zona?
De acuerdo con los tiempos legislativos y administrativos proyectados:
- Agosto 2025: Se espera la actualización definitiva de datos en el Sistema de Información General de Estudiantes (SIGE) por parte de los establecimientos, requisito indispensable para conformar las nóminas oficiales de pago y anticipar el impacto presupuestario. Además, en este mes se entregará el penúltimo informe trimestral a las comisiones del Congreso sobre el avance del proyecto, lo que podría generar presiones adicionales al Ejecutivo para cumplir con el plazo fijado en septiembre.
- Septiembre 2025: Ingreso del proyecto de ley al Congreso.
- Octubre–diciembre 2025: Tramitación en comisiones y aprobación en ambas cámaras.
- Enero 2026: Publicación en el Diario Oficial y asignación presupuestaria.
- Febrero–marzo 2026: Transferencia de recursos desde Mineduc a la Dipres.
- Marzo–abril 2026: Pago efectivo a funcionarios beneficiarios.
No obstante, cualquier retraso en la tramitación podría desplazar estos plazos hasta el segundo semestre de 2026.
Opinión editorial: entre la reparación y la justicia
La historia de la Asignación de Zona para Asistentes de la Educación es un reflejo de la desigualdad estructural que aún persiste en el aparato estatal. Su implementación no representa solo una mejora salarial, sino un acto simbólico de reparación con quienes han sostenido por años las escuelas más alejadas y vulnerables de Chile.
El Estado tiene hoy la oportunidad histórica de cumplir con una promesa legal postergada. La equidad territorial no puede seguir siendo un discurso vacío mientras miles de trabajadores subsisten con ingresos que no reconocen las dificultades de su entorno.
Elecciones 2025: ¿una oportunidad para saldar la deuda histórica?
Las elecciones presidenciales y parlamentarias de noviembre de 2025 coinciden directamente con los plazos establecidos para la presentación del proyecto de ley que formalice esta asignación. En este contexto, las organizaciones gremiales han enfatizado la necesidad de visibilizar esta demanda en los programas de gobierno y en los debates legislativos.
Medios chilenos como El Mostrador han documentado cómo, históricamente, los ciclos electorales tienden a acelerar el cumplimiento de compromisos postergados, especialmente en áreas sensibles como la educación y la salud. Esta coyuntura ofrece una ventana de oportunidad: los candidatos y candidatas podrían verse presionados a incluir esta asignación como parte de sus propuestas, generando un nuevo consenso político transversal.
La articulación entre voto informado, movilización social y presión parlamentaria puede ser decisiva para que esta vez, la historia cambie.
Referencias
Biblioteca del Congreso Nacional de Chile. (2018). Ley N° 21.109: Crea el Estatuto de los Asistentes de la Educación Pública. https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=1129940
Dirección de Presupuestos del Ministerio de Hacienda. (2025). Ley de Presupuestos 2025. https://www.dipres.gob.cl/597/articles-352503_doc_pdf.pdf
Ministerio de Educación. (2024). Apuntes sobre los Asistentes de la Educación. Biblioteca Digital Mineduc. https://bibliotecadigital.mineduc.cl/handle/20.500.12365/21243
Ministerio de Hacienda. (2025). Protocolo de Acuerdo Educación con el Senado. https://www.hacienda.cl/noticias-y-eventos/comunicados/protocolo-de-educacion-firmado-con-el-senado
Radio Vilas. (2024, octubre 21). Asistentes de la Educación están en paro debido a que no se les paga la Asignación de Zona. https://vilasradio.cl/asistentes-de-la-educacion-estan-en-paro-debido-a-que-no-se-les-paga-la-asignacion-de-zona/
Senado de Chile. (2018). Minuta de Asistentes de la Educación en el marco de la implementación SLEP. https://tramitacion.senado.cl/appsenado/index.php?ac=doctoInformeAsesoria&id=362&mo=transparencia
El Mostrador. (2023, diciembre 12). Ciclos electorales y demandas sociales: cómo se moviliza el sistema político frente a la presión ciudadana. https://www.elmostrador.cl/destacado/2023/12/12/ciclos-electorales-y-demandas-sociales/
Comunidad Escolar Mineduc. (2024). Actualización SIGE para el pago del Bono de Desempeño Laboral. https://www.comunidadescolar.cl/plazo-final-05-de-septiembre-del-2024-para-actualizacion-sige-asistentes-de-la-educacion-y-se-genere-nomina-de-pago-bdl-periodo-2024-2025/