Con el inicio del pago de las cuotas correspondientes al royalty minero 2026, las comunas de Copiapó y Huasco se posicionaron entre las más beneficiadas del país, consolidándose dentro del grupo de municipios que recibirán mayores recursos a nivel nacional para fortalecer inversión pública, infraestructura y desarrollo territorial.
Durante abril comenzaron las transferencias a 309 municipios del país, con una distribución inicial superior a los $113 mil millones, correspondientes a la primera y segunda cuota de este mecanismo que busca fortalecer el financiamiento comunal y entregar mayor autonomía a los gobiernos locales.
Del total asignado, una parte significativa corresponde al Fondo de Comunas Mineras, orientado a compensar territorios con fuerte presencia de actividad extractiva, mientras que el Fondo de Equidad Territorial apunta a reducir brechas presupuestarias entre municipios.
En este contexto, Copiapó figura dentro de las cinco comunas con mayores ingresos por royalty minero a nivel nacional, posicionándose junto a grandes municipios del país. En tanto, Huasco también aparece entre las comunas con montos más altos, reflejando el peso estratégico de la actividad minera en la economía regional.
La incorporación de estas comunas atacameñas en los primeros lugares evidencia la importancia de estos recursos para impulsar obras públicas, programas sociales, mejoramiento de servicios e inversiones locales en una región donde la minería constituye uno de los principales motores económicos.
Asimismo, Tierra Amarilla también se ubica dentro del grupo de comunas destacadas en recepción de fondos, reafirmando la relevancia de Atacama en la distribución nacional de este impuesto aplicado a grandes empresas mineras.
El royalty minero distribuye anualmente cerca de 450 millones de dólares a regiones y comunas del país, permitiendo financiar proyectos que buscan mejorar la calidad de vida de las comunidades, aunque también ha generado debate respecto a la necesidad de fortalecer mecanismos de fiscalización para asegurar el correcto uso de los recursos públicos.
En este escenario, la expectativa regional se concentra en cómo estos fondos serán administrados por los municipios para responder a demandas históricas en materia de infraestructura, seguridad, desarrollo social y fortalecimiento económico.
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