1. Más de 50 días llevan soportando miles de familias, junto a sus niños, niñas y jóvenes, la caída libre en la que está la educación pública de su territorio, aquella en quien confiaron su futuro, pero que hoy las defrauda, no haciendo efectiva la garantía que se les prometió de una educación pública, gratuita y de calidad, sin discriminaciones y sin menosprecio.
2. Las familias son testigos de una inescrupulosa e irracional ausencia de una gestión educativa y pedagógica eficiente, oportuna y con el propósito de cumplir el mandato universal de garantizar el derecho a la educación, sobre todo a los más vulnerados de nuestra sociedad. Las familias han sido testigos de un drama humano que las tiene, lamentablemente, de protagonistas de prácticas inescrupulosas e irresponsables que no han sido capaces de gestionar lo más complejo, pero ni mucho menos, lo más simple. ¿Por qué las familias más pobres de nuestro territorio tienen que sufrir cuestiones tan básicas como la no reparación de una fotocopiadora, la no colocación de vidrios, la indignación humana por la no sanitización esencial, la falta de mantención de servicios elementales como el agua para los baños o la electricidad para las salas de clases?
3. El deterioro de la educación pública, la crisis o la catástrofe que está sufriendo, no puede ser abordada por autoridades que pretenden gestionarla, como si fuera “un favor” que se hace de parte de ellos. Exigimos un reconocimiento a la dignidad de todas y todos los que están viviendo esta tragedia, y exigimos del mismo modo, terminar con las dilaciones burocráticas que nuestras comunidades educativas ya no soportan y no entienden, para entregar soluciones concretas, oportunas y directas que, junto con reparar lo material, restituya la garantía del derecho a la educación, y comience a reparar el atropello a la dignidad de todas y todos.
4. El menosprecio también lo han sufrido educadoras y educadores, el profesorado, funcionarias, funcionarios de educación a través de parte de las autoridades centrales con conductas que creíamos ausentes del trato que debe haber y existir entre quienes han señalado su adhesión a los movimientos sociales.
5.- Hacemos un llamado al gobierno a congelar este proceso de traspaso a los SLEPs hasta que no se resuelvan los problemas que se han manifestado en los 11 servicios que se encuentran en funcionamiento, que esta reforma sea sometido a una evaluación externa con organismos internacionales, expertos que concuerden cambios a esta reforma y que aseguren la calidad de la educación pública.
6. Llamamos a las autoridades competentes a detener esta caída libre en la que se encuentra nuestra educación pública. Es un deber, más que político, un derecho humano el que está siendo dañado. Llamamos a actuar ahora, sin fanatismos, sin burocracia y sin el menosprecio del sufrimiento de cientos de comunidades educativas. El derecho a una educación pública, gratuita y de calidad debe ser, aquí y ahora, respetado, puesto en práctica, con soluciones concretas, eficientes, rápidas; respetando al profesorado y a todas las comunidades educativas.
La emergencia educativa,
la caída libre de la educación pública
que estamos viviendo,
no puede esperar más.
BANCADA DE SENADORES Y DIPUTADOS DE LA DEMOCRACIA CRISTIANA