En el marco de las votaciones en el pleno del Consejo Constitucional, durante la mañana de este jueves se abordó la segunda parte del capítulo dos, sobre derechos y libertades fundamentales, garantías y deberes del texto emanado desde el trabajo de comisiones, entre las que se incluyeron el artículo 20 sobre el derecho a vivir en un medioambiente libre de contaminación, y el artículo 21, sobre derecho a la protección de la salud, ambos artículos catalogados como “urgentes” por la consejera de las fuerzas progresistas de Atacama, Marcela Araya (PS), quien lamentó la redacción final que se votó en la sesión plenaria.
Marcela Araya explicó que en el artículo sobre medioambiente, se sustituyó lo que señalaba el anteproyecto acerca de “el derecho a vivir en un medioambiente sano, sostenible y libre de contaminación, que permita la existencia y el desarrollo de la vida en sus múltiples manifestaciones”, por “el derecho a vivir en un medioambiente libre de contaminación, que permita la sustentabilidad y el desarrollo”.
Para la consejera, la derecha buscó ajustar el texto para mantener lo que definió la dictadura en la constitución vigente, desechando las palabras ‘sano’ y ‘sostenible’, esta última reemplazada por ‘sustentabilidad’, que quita eficacia a la redacción porque asume la visión empresarial sobre el medioambiente para describir el derecho de las personas.
“Hay una evidente contradicción que queda al descubierto, dado que “vivir en un medioambiente libre de contaminación” es lo que conocemos desde el año 80, y ya ven cómo nos ha ido en Atacama. Es una mentira que conocen en Huasco, Tierra Amarilla, Chañaral, en Lota, en Quintero-Puchuncaví, en Tocopilla. Esa mentira es la que intentan perpetuar, sumado al tratamiento del medioambiente se impide la justicia ambiental y se destierra la solidaridad intergeneracional”, dijo la consejera Araya para justificar su abstención sobre el artículo.
“Lo que hoy la derecha le ofrece al país es continuidad y empeoramiento de la calidad de vida de quienes son los habitantes más vulnerables de nuestro país”, agregó.
En cuanto a la votación del artículo 21, sobre el derecho a la protección de salud, la consejera Marcela Araya indicó que “la norma aprobada en comisiones excluye la dimensión social de la salud del anteproyecto, restringiendo el concepto recomendado por la OMS que incluye el completo bienestar físico, social y mental de las comunidades, como si Freirina o Huasco fueran comunas del Gran Santiago, con clínicas y centros médicos, con farmacias y especialistas en cada esquina”.
“Pues, no es así, y la medicina familiar responde al abandono estructural de los modelos de salud que solo atienden enfermedades con formato de retail, cuando en las regiones no tenemos especialistas pero ustedes, aquí en providencia o Santiago, si, siendo esto otra nueva forma de pensar los problemas de las pequeñas comunas con el ojo del centralismo, como si todas fueran un área metropolitana”, agregó en su intervención en el pleno.
La consejera socialista Marcela Araya dijo que “estos elementos en el texto constitucional promovidos y aprobados por los votos de la derecha, se suman a otros artículos que cercenan los derechos sociales de las chilenas y chilenos, y que constituyen motivos para que los ciudadanos, las organizaciones, las comunidades, los trabajadores, las mujeres y más, deberían mantenerse alerta ante la evidencia de que, en caso de que estos elementos se mantengan en el texto final de la propuesta constitucional, se haría muy difícil aprobar”.